Los ciudadanos de a pie no dejamos de quedarnos sorprendidos cuando leemos en cualquier medio de comunicación que nuestros representantes municipales o autonómicos se saltan a la torera la asistencia a plenos tan importantes como la aprobación de unos presupuestos anuales.
A la ausencia al último pleno de Paz Martín por un viaje, donde se iban a debatir los presupuestos municipales. Se suma los novillos del Primer Vicepresidente de la Comunidad de Madrid D. Ignacio González, famoso por su intento de ser presidente de Cajamadrid, que no asistió a la aprobación de los presupuestos en la Asamblea el lunes 21 de diciembre. Su motivo era que había adelantado las vacaciones de navidad y tenía un viaje familiar concertado. Si escuchamos además que la actividad parlamentaria no se vuelve a retomar hasta el 1 de febrero esta decisión para muchos de nosotros se nos hace muy poco acertada, puesto que podía haber retrasado las mismas unos días más.
Estas dos actitudes de desidia y de falta de interés, nos muestran día a día la poca vocación que tienen por lo público muchos políticos, que prefieren irse de vacaciones o de viaje antes que asistir a sus obligaciones que tienen como representantes elegidos por sus ciudadanos.
Móstoles 23 de diciembre de 2009
Guillermo Sanz Sánchez
PRESENTACIÓN
miércoles 23 de diciembre de 2009
FATAL DESINTERÉS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Publicado en la web de UPyD. Webs Autonómicas - Madrid.
Demoledores para la Comunidad de Madrid los datos del último resumen estadístico del curso escolar 2009-2010 publicado por el Ministerio de Educación.
Es muy significativo que la educación pública sólo represente poco más del 50% del total del alumnado. Es en nuestra Comunidad donde la educación privada no concertada tiene mayor peso, más del doble que la media española. Sólo el País Vasco nos supera en volumen de enseñanza privada, aglutinándose en su caso, el mayor porcentaje en la enseñanza concertada.
Desde que el Partido Popular ostenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ido disminuyendo el porcentaje de alumnos que se integran en la enseñanza pública. Muy esclarecedor para ver la política de Esperanza Aguirre, es el aumento de los terrenos públicos que se ceden para construir nuevos colegios concertados en nuestra Comunidad.
Son los centros públicos los que reciben la mayoría de alumnos que presentan necesidades educativas especiales y es por esta razón, entre otras, por la que es enormemente necesario invertir en la educación pública. Mejorar la educación necesita recursos y si el Gobierno de nuestra Comunidad no decide apostar rotundamente por la inversión del dinero público en la enseñanza pública, será imposible lograr la necesaria integración. Si no se apuesta firmemente por esta inversión, los centros públicos seguirán siendo el destino de marginados sociales e inmigrantes.
Dijo Platón que “el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”. Queda claro por sus actos y prioridades, que no es este el objetivo de nuestros actuales y anteriores gobiernos.
Es muy significativo que la educación pública sólo represente poco más del 50% del total del alumnado. Es en nuestra Comunidad donde la educación privada no concertada tiene mayor peso, más del doble que la media española. Sólo el País Vasco nos supera en volumen de enseñanza privada, aglutinándose en su caso, el mayor porcentaje en la enseñanza concertada.
Desde que el Partido Popular ostenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ido disminuyendo el porcentaje de alumnos que se integran en la enseñanza pública. Muy esclarecedor para ver la política de Esperanza Aguirre, es el aumento de los terrenos públicos que se ceden para construir nuevos colegios concertados en nuestra Comunidad.
Son los centros públicos los que reciben la mayoría de alumnos que presentan necesidades educativas especiales y es por esta razón, entre otras, por la que es enormemente necesario invertir en la educación pública. Mejorar la educación necesita recursos y si el Gobierno de nuestra Comunidad no decide apostar rotundamente por la inversión del dinero público en la enseñanza pública, será imposible lograr la necesaria integración. Si no se apuesta firmemente por esta inversión, los centros públicos seguirán siendo el destino de marginados sociales e inmigrantes.
Dijo Platón que “el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”. Queda claro por sus actos y prioridades, que no es este el objetivo de nuestros actuales y anteriores gobiernos.
Rosa Díez: “Las Cajas son utilizadas como instrumentos políticos en operaciones empresariales”
Publicado en la web de UPyD. 23/12/2009.
Díez quiere que la aceptación de esta reforma legal por parte de las comunidades autónomas y de las propias entidades se convierta en un "requisito imprescindible" para que éstas puedan acceder a los recursos del FROB.
Rosa Díez, que hizo esta reclamación en una interpelación durante la sesión de control al Gobierno, insistió en la necesaria "profesionalización" para adaptar a la nueva situación económica a unas entidades que en la actualidad representan la mitad del sistema financiero español. “La politización de las Cajas de Ahorros es un hecho indiscutible, los recientes acontecimientos en Caja Madrid, por poner un ejemplo, han sido un espectáculo lamentable y bochornoso que ha alcanzado extremos inimaginables y la intervención de Caja Castilla La Mancha ha puesto negro sobre blanco en esta materia”, afirmó.
Según Díez, después de más dos décadas de aplicación la Ley Orgánica Reguladora de las Cajas de Ahorro (LORCA), que fue aprobada el 2 de Agosto de 1985, los partidos políticos se han convertido en los únicos representantes y definidores de los intereses y estrategias de las mismas, ya que no sólo mandan en las cajas en virtud de su representación en las administraciones locales y autonómicas, sino también a través de las asambleas de impositores, siendo los impositores independientes una minoría. “Los sindicatos hacen lo propio en las citadas asambleas mediante la representación que la ley reconoce a los empleados”, añadió.
Además, las Comunidades Autónomas han asumido un fuerte protagonismo en los órganos rectores de las Cajas de Ahorros y han realizado modificaciones legales en sus órganos de gobierno, en la mayoría de los casos aumentando el peso de las representaciones públicas en los mismos, al añadir una cuota significativa de representación de la propia Comunidad Autónoma, llegando incluso a dotarse de veto para poder realizar una fusión. “El resultado es que hoy, las Cajas de Ahorro, que gozan de la confianza de muchos millones de españoles y representan la mitad del sistema crediticio español, se han convertido en entidades financieras cuasi públicas bajo el control y la tutela de las administraciones autonómicas y locales”.
Por eso, su necesaria adecuación a la nueva situación económica provocada por la crisis no sólo pasa por los procesos de fusión que se están llevando a efecto actualmente o los que se inicien en el futuro, sino también por una profesionalización de la gestión, una distribución más equilibrada en los órganos de dirección de los diferentes grupos intervinientes – AAPP, impositores, empleados, bonistas y cuota participes – y que los partidos políticos puedan estar atentos a los intereses de la sociedad y de lo que ocurre en unas instituciones importantísimas de carácter social.
La diputada señaló algunos problemas del modelo actual de Cajas como el hecho de que dichas entidades, en los últimos años, han contribuido a financiar la última fase de la burbuja inmobiliaria, han puesto en marcha proyectos regionales –partidarios- disparatados como el aeropuerto de Ciudad Real, han concedido créditos arriesgados a empresarios afines al poder político -20 empresarios debían 3 000 millones a CCM-, han sido utilizadas como instrumentos político en operaciones empresariales, han recortado más la concesión de crédito a familias y empresas, según datos del Banco de España, por la mayor gravedad de sus problemas.
Sin embargo, Díez recordó que la necesidad de corregir la politización de sus órganos rectores no implica que las cajas pierdan su carácter social, sino por el contrario, convertir a estas instituciones en solventes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. La reforma ha de garantizar también el fin de los abusos y la confusión producida por LORCA (Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro) de hace más de dos décadas, con los retoques en 2002, más los de las leyes autonómicas, más Estatutos de cada Caja.
Para llevar a cabo este objetivo, Diez ha propuesto, entre otras medidas, que el Consejo de Administración reproduzca exactamente la composición de la Asamblea, y tenga, por tanto, la misma relación de fuerzas. “Nuestra propuesta sería crear un nuevo órgano, que le podríamos llamar Consejo Social Consultivo, en el que se integrarían los representantes de las administraciones públicas y las entidades y corporaciones de derecho público, para que junto a otros, pero estando representados, decidan sobre la ESTRATEGIA GENERAL que debe regir los fines y usos de la obra social.
Así, la composición del Consejo de Administración tendría las siguientes características:
Estaría formado exclusivamente con Consejeros profesionales, a los que se les exigirían requisitos experiencia en el sector financiero o conocimientos académicos, además de incompatibilidades.
Aunque algunos de los miembros del Consejo puedan ser propuestos por los distintos grupos representados en la Asamblea, tales como los impositores, trabajadores, tenedores de renta fija, propietarios de cuotas participativas… nadie será propuesto por las administraciones públicas.
Respecto de la Asamblea General, nuestra propuesta iría encaminada a:
Democratizar la elección de sus miembros, para garantizar una representación plural de los distintos grupos interesados.
Regular el sistema de elección de los representantes de los trabajadores, de forma que éstos los elijan directamente.
Que los representantes de los impositores se elijan por sorteo de entre las candidaturas individuales presentadas (sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos mínimos, como la estabilidad del depósito…), en vez de tener que agruparse en listas únicas.
Por último, la diputada consideró necesarias reformas como la eliminación del derecho de veto de las Comunidades Autónomas a las fusiones entre Cajas de diferentes Comunidades. “Una modificación imprescindible si queremos reestructurar el sector con criterios económicos y de sostenibilidad, salvar cajas en apuros e impedir el control regional, más interesado en no perder cuota de poder que en salvar las Cajas”.
Publicado en la web de UPyD. 23/12/2009.
La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, instó hoy a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, para abordar "urgentemente" la reforma de la regulación de las cajas de ahorro en aras a dotarlas de un mayor grado de independencia, una mayor transparencia y una "gestión despolitizada".
Díez quiere que la aceptación de esta reforma legal por parte de las comunidades autónomas y de las propias entidades se convierta en un "requisito imprescindible" para que éstas puedan acceder a los recursos del FROB.
Rosa Díez, que hizo esta reclamación en una interpelación durante la sesión de control al Gobierno, insistió en la necesaria "profesionalización" para adaptar a la nueva situación económica a unas entidades que en la actualidad representan la mitad del sistema financiero español. “La politización de las Cajas de Ahorros es un hecho indiscutible, los recientes acontecimientos en Caja Madrid, por poner un ejemplo, han sido un espectáculo lamentable y bochornoso que ha alcanzado extremos inimaginables y la intervención de Caja Castilla La Mancha ha puesto negro sobre blanco en esta materia”, afirmó.
Según Díez, después de más dos décadas de aplicación la Ley Orgánica Reguladora de las Cajas de Ahorro (LORCA), que fue aprobada el 2 de Agosto de 1985, los partidos políticos se han convertido en los únicos representantes y definidores de los intereses y estrategias de las mismas, ya que no sólo mandan en las cajas en virtud de su representación en las administraciones locales y autonómicas, sino también a través de las asambleas de impositores, siendo los impositores independientes una minoría. “Los sindicatos hacen lo propio en las citadas asambleas mediante la representación que la ley reconoce a los empleados”, añadió.
Además, las Comunidades Autónomas han asumido un fuerte protagonismo en los órganos rectores de las Cajas de Ahorros y han realizado modificaciones legales en sus órganos de gobierno, en la mayoría de los casos aumentando el peso de las representaciones públicas en los mismos, al añadir una cuota significativa de representación de la propia Comunidad Autónoma, llegando incluso a dotarse de veto para poder realizar una fusión. “El resultado es que hoy, las Cajas de Ahorro, que gozan de la confianza de muchos millones de españoles y representan la mitad del sistema crediticio español, se han convertido en entidades financieras cuasi públicas bajo el control y la tutela de las administraciones autonómicas y locales”.
Por eso, su necesaria adecuación a la nueva situación económica provocada por la crisis no sólo pasa por los procesos de fusión que se están llevando a efecto actualmente o los que se inicien en el futuro, sino también por una profesionalización de la gestión, una distribución más equilibrada en los órganos de dirección de los diferentes grupos intervinientes – AAPP, impositores, empleados, bonistas y cuota participes – y que los partidos políticos puedan estar atentos a los intereses de la sociedad y de lo que ocurre en unas instituciones importantísimas de carácter social.
La diputada señaló algunos problemas del modelo actual de Cajas como el hecho de que dichas entidades, en los últimos años, han contribuido a financiar la última fase de la burbuja inmobiliaria, han puesto en marcha proyectos regionales –partidarios- disparatados como el aeropuerto de Ciudad Real, han concedido créditos arriesgados a empresarios afines al poder político -20 empresarios debían 3 000 millones a CCM-, han sido utilizadas como instrumentos político en operaciones empresariales, han recortado más la concesión de crédito a familias y empresas, según datos del Banco de España, por la mayor gravedad de sus problemas.
Sin embargo, Díez recordó que la necesidad de corregir la politización de sus órganos rectores no implica que las cajas pierdan su carácter social, sino por el contrario, convertir a estas instituciones en solventes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. La reforma ha de garantizar también el fin de los abusos y la confusión producida por LORCA (Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro) de hace más de dos décadas, con los retoques en 2002, más los de las leyes autonómicas, más Estatutos de cada Caja.
Para llevar a cabo este objetivo, Diez ha propuesto, entre otras medidas, que el Consejo de Administración reproduzca exactamente la composición de la Asamblea, y tenga, por tanto, la misma relación de fuerzas. “Nuestra propuesta sería crear un nuevo órgano, que le podríamos llamar Consejo Social Consultivo, en el que se integrarían los representantes de las administraciones públicas y las entidades y corporaciones de derecho público, para que junto a otros, pero estando representados, decidan sobre la ESTRATEGIA GENERAL que debe regir los fines y usos de la obra social.
Así, la composición del Consejo de Administración tendría las siguientes características:
Estaría formado exclusivamente con Consejeros profesionales, a los que se les exigirían requisitos experiencia en el sector financiero o conocimientos académicos, además de incompatibilidades.
Aunque algunos de los miembros del Consejo puedan ser propuestos por los distintos grupos representados en la Asamblea, tales como los impositores, trabajadores, tenedores de renta fija, propietarios de cuotas participativas… nadie será propuesto por las administraciones públicas.
Respecto de la Asamblea General, nuestra propuesta iría encaminada a:
Democratizar la elección de sus miembros, para garantizar una representación plural de los distintos grupos interesados.
Regular el sistema de elección de los representantes de los trabajadores, de forma que éstos los elijan directamente.
Que los representantes de los impositores se elijan por sorteo de entre las candidaturas individuales presentadas (sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos mínimos, como la estabilidad del depósito…), en vez de tener que agruparse en listas únicas.
Por último, la diputada consideró necesarias reformas como la eliminación del derecho de veto de las Comunidades Autónomas a las fusiones entre Cajas de diferentes Comunidades. “Una modificación imprescindible si queremos reestructurar el sector con criterios económicos y de sostenibilidad, salvar cajas en apuros e impedir el control regional, más interesado en no perder cuota de poder que en salvar las Cajas”.
Rosa Díez: “Los presupuestos de la subasta terminan siendo los del Estado residual”
Publicado en la web de UPyD. 23/12/2009.
Publicado en la web de UPyD. 23/12/2009.
Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, rechazó hoy los presupuestos del Estado para el 2010 que hoy se han votado en el pleno porque aunque, según afirmó, algunas de la enmiendas que se han aprobado en el Senado han mejorado ciertas partidas, las cuentas públicas para el próximo año “son incapaces de enfrentarse a la situación económica y social que atraviesa el país”.
Así, añadió, estas cuentas consolidan la fotografía de un “Estado residual, que avanza en su desmantelamiento, y configura un modelo de país insostenible desde el punto de vista de la cohesión, la competitividad y la igualdad de todos los españoles, en el que el Ejecutivo cada vez tiene menos instrumentos para intervenir en política económica”.
Rosa Díez criticó que los PGE hayan sido "subastados al mejor postor" y finalmente "adjudicados" a los nacionalistas vascos y canarios. “Ya no sirve decir que estas cuentas son buenas para Canarias, Cataluña o el País Vasco cuando van en detrimento de la igualdad de todos los españoles. Los Presupuestos de la subasta terminan siendo los del Estado residual”,afirmó.
En resumen, finalizó, estos Presupuestos son una oportunidad perdida para hacer frente a la crisis. “Ni son austeros, ni reequilibran las cuentas públicas, confunden las medidas paliativas de las consecuencias de la crisis con las soluciones que afectan a sus causas y carecen de un proyecto global de política presupuestaria”.
Así, añadió, estas cuentas consolidan la fotografía de un “Estado residual, que avanza en su desmantelamiento, y configura un modelo de país insostenible desde el punto de vista de la cohesión, la competitividad y la igualdad de todos los españoles, en el que el Ejecutivo cada vez tiene menos instrumentos para intervenir en política económica”.
Rosa Díez criticó que los PGE hayan sido "subastados al mejor postor" y finalmente "adjudicados" a los nacionalistas vascos y canarios. “Ya no sirve decir que estas cuentas son buenas para Canarias, Cataluña o el País Vasco cuando van en detrimento de la igualdad de todos los españoles. Los Presupuestos de la subasta terminan siendo los del Estado residual”,afirmó.
En resumen, finalizó, estos Presupuestos son una oportunidad perdida para hacer frente a la crisis. “Ni son austeros, ni reequilibran las cuentas públicas, confunden las medidas paliativas de las consecuencias de la crisis con las soluciones que afectan a sus causas y carecen de un proyecto global de política presupuestaria”.
Las cuentas
Santiago González. El Mundo. 23/12/2009
Santiago González. El Mundo. 23/12/2009
Una venturosa coincidencia hizo que el barómetro del CIS se conociera el mismo día que el Gobierno consiguió aprobar sus presupuestos para 2010 y en el que la versión laica de la divina providencia celebraba el sorteo de la lotería. Estamos en bajas presiones y el barómetro sigue bajando. La situación política y la económica son malas o muy malas para el 60,6% y el 73,1% de los españoles, respectivamente. No hay ciudadanos que consideren muy buena la situación económica y los que piensan que estamos en una buena o muy buena situación política suman el 6,4%.
Es tradición que los socialistas pidan prestado su ojo clínico al maestro Buen Cubero a la hora de hacer sus presupuestos. Para los de 2009, Solbes, que era el listo de la familia, previó que nuestro PIB iba a aumentar en un 1%. A falta de una semana para cerrar el ejercicio, nuestra economía ha retrocedido un 3,7%, según la Funcas; un 3,8%, según el FMI. Salgado ha elaborado sus cuentas para 2010 sobre un decrecimiento del 0,3%, mientras la Funcas prevé el doble y el FMI, un 0,7%.
¿Recuerdan el optimismo con el que Zapatero anunció la reforma fiscal de 2007 y los cheques-regalo? El momento, la universalidad y el hacerlo a través de los impuestos y no del gasto ha creado obligaciones que se transmiten de ejercicio en ejercicio y ahora se ve en la necesidad de recular al chocar con el déficit. Lo malo es que va a hacerlo mediante el aumento de los impuestos (para más inri, indirectos) mientras Europa entera, la que sale de la crisis, hace justamente lo contrario, aplicar estímulos fiscales para salir del pozo, en línea con las recomendaciones del G-20 en Londres. ¿Tantas ganas de sentarse en el G-20 para esto?.
Es muy notable que quienes le votaron ayer las cuentas no las defendieron. La diputada Oramas anunció sin convicción alguna su voto positivo para agradecer los 55 millones de Canarias. El portavoz del PNV, Erkoreka, debió de considerar que sus dotes parlamentarias podrían desmerecer en la defensa de esas cuentas y renunció a intervenir, a pesar de haberle sacado a Zapatero 145 millones de euros y el título de blindador mayor del Concierto, que su partido usará con aprovechamiento contra el Gobierno socialista de Euskadi.
El portavoz Alonso debió emplear las locuciones menestrales de Pajín -«no arriman el hombro»- contra sus socios presupuestarios, no contra el partido opositor. En otros sistemas, incluso en el español cuando éste era un país más normal, el debate presupuestario era el más importante de cada curso. Cuando Pujol le dijo a Felipe González, en septiembre de 1995, que no pensaba aprobarle los presupuestos del 96, Felipe supo que le tocaba disolver las cámaras y convocar elecciones. Sin aspavientos ni alardes, pero ya digo, aun muy crudos, eran otros tiempos. Alonso parece más próximo a la escuela de Idoia Zenarruzabeitia, según la cual aprobar los presupuestos es una responsabilidad muy principal de los partidos de la oposición.
Lo de ayer en el Congreso no fue, en rigor, un debate presupuestario. Tampoco era parlamentarismo, ni política, ni siquiera cuestiones personales. Eran sólo negocios. De hecho, toda la sesión parecía un accidente.
Es tradición que los socialistas pidan prestado su ojo clínico al maestro Buen Cubero a la hora de hacer sus presupuestos. Para los de 2009, Solbes, que era el listo de la familia, previó que nuestro PIB iba a aumentar en un 1%. A falta de una semana para cerrar el ejercicio, nuestra economía ha retrocedido un 3,7%, según la Funcas; un 3,8%, según el FMI. Salgado ha elaborado sus cuentas para 2010 sobre un decrecimiento del 0,3%, mientras la Funcas prevé el doble y el FMI, un 0,7%.
¿Recuerdan el optimismo con el que Zapatero anunció la reforma fiscal de 2007 y los cheques-regalo? El momento, la universalidad y el hacerlo a través de los impuestos y no del gasto ha creado obligaciones que se transmiten de ejercicio en ejercicio y ahora se ve en la necesidad de recular al chocar con el déficit. Lo malo es que va a hacerlo mediante el aumento de los impuestos (para más inri, indirectos) mientras Europa entera, la que sale de la crisis, hace justamente lo contrario, aplicar estímulos fiscales para salir del pozo, en línea con las recomendaciones del G-20 en Londres. ¿Tantas ganas de sentarse en el G-20 para esto?.
Es muy notable que quienes le votaron ayer las cuentas no las defendieron. La diputada Oramas anunció sin convicción alguna su voto positivo para agradecer los 55 millones de Canarias. El portavoz del PNV, Erkoreka, debió de considerar que sus dotes parlamentarias podrían desmerecer en la defensa de esas cuentas y renunció a intervenir, a pesar de haberle sacado a Zapatero 145 millones de euros y el título de blindador mayor del Concierto, que su partido usará con aprovechamiento contra el Gobierno socialista de Euskadi.
El portavoz Alonso debió emplear las locuciones menestrales de Pajín -«no arriman el hombro»- contra sus socios presupuestarios, no contra el partido opositor. En otros sistemas, incluso en el español cuando éste era un país más normal, el debate presupuestario era el más importante de cada curso. Cuando Pujol le dijo a Felipe González, en septiembre de 1995, que no pensaba aprobarle los presupuestos del 96, Felipe supo que le tocaba disolver las cámaras y convocar elecciones. Sin aspavientos ni alardes, pero ya digo, aun muy crudos, eran otros tiempos. Alonso parece más próximo a la escuela de Idoia Zenarruzabeitia, según la cual aprobar los presupuestos es una responsabilidad muy principal de los partidos de la oposición.
Lo de ayer en el Congreso no fue, en rigor, un debate presupuestario. Tampoco era parlamentarismo, ni política, ni siquiera cuestiones personales. Eran sólo negocios. De hecho, toda la sesión parecía un accidente.
Antonio Robles se afilia a UPyD para "defender la España constitucional"
Libertad Digital. 22/12/2009
El ex dirigente de Ciudadanos, Antonio Robles, se ha afiliado a UPyD y podría ser un serio adversario para Albert Rivera si encabezara la lista del partido de Rosa Díez en las elecciones catalanas. En declaraciones a Libertad Digital, Robles dice que se ha afiliado "como una persona más".
El ex dirigente de Ciudadanos, Antonio Robles, se ha afiliado a UPyD y podría ser un serio adversario para Albert Rivera si encabezara la lista del partido de Rosa Díez en las elecciones catalanas. En declaraciones a Libertad Digital, Robles dice que se ha afiliado "como una persona más".
Antonio Robles se afilió a UPyD el día después del Congreso de este partido. Esta afiliación acerca la posibilidad de que el partido de Rosa Díez se presente a las próximas elecciones en Cataluña con él como cabeza de lista y competir así por el electorado de Ciudadanos. No obstante, Antonio Robles ha asegurado a Libertad Digital que esta posibilidad todavía no se ha tratado.
"Me he afiliado como una persona más que desde hace años lucha por unas ideas y considera que Rosa Díez es lo único que garantiza esas ideas. Rosa Díez tiene solvencia y principios y lo ha demostrado. Defiende la España constitucional, sin privilegios, donde todos seamos iguales ante la ley. Eso sólo lo garantiza Rosa Díez".
Admite Antonio Robles que "otra cosa es lo que yo pueda aportar al partido. No hablaría con Rosa Díez sobre este tema. Ella está muy contenta con mi afiliación y además en UPyD existen primarias, algo que he defendido desde siempre".
Antonio Robles fue el tercer candidato en la lista presentada por Barcelona por el partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en las elecciones de 2006. Tras la crisis desatada en Ciudadanos por coaligarse con la formación Libertas que lidera Miguel Durán para las elecciones europeas, Robles y el también diputado José Domingo abandonaron el partido. Poco después, en el mes de septiembre, Antonio Robles renunció también a su escaño en el Parlamento catalán para volver a la enseñanza universitaria.
En su despedida fue muy crítico con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que acusó de "fraude electoral" a los votantes de C's por coaligarse con Libertas. "Esta falta de escrúpulos democráticos, siendo por sí misma razón suficiente, no fue la única ni la más determinante –para su marcha–, sino la gota última que colmó el vaso de una burda traición ideológica a la gran explosión de júbilo protagonizada por el nacimiento de Ciudadanos".
"Me he afiliado como una persona más que desde hace años lucha por unas ideas y considera que Rosa Díez es lo único que garantiza esas ideas. Rosa Díez tiene solvencia y principios y lo ha demostrado. Defiende la España constitucional, sin privilegios, donde todos seamos iguales ante la ley. Eso sólo lo garantiza Rosa Díez".
Admite Antonio Robles que "otra cosa es lo que yo pueda aportar al partido. No hablaría con Rosa Díez sobre este tema. Ella está muy contenta con mi afiliación y además en UPyD existen primarias, algo que he defendido desde siempre".
Antonio Robles fue el tercer candidato en la lista presentada por Barcelona por el partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en las elecciones de 2006. Tras la crisis desatada en Ciudadanos por coaligarse con la formación Libertas que lidera Miguel Durán para las elecciones europeas, Robles y el también diputado José Domingo abandonaron el partido. Poco después, en el mes de septiembre, Antonio Robles renunció también a su escaño en el Parlamento catalán para volver a la enseñanza universitaria.
En su despedida fue muy crítico con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que acusó de "fraude electoral" a los votantes de C's por coaligarse con Libertas. "Esta falta de escrúpulos democráticos, siendo por sí misma razón suficiente, no fue la única ni la más determinante –para su marcha–, sino la gota última que colmó el vaso de una burda traición ideológica a la gran explosión de júbilo protagonizada por el nacimiento de Ciudadanos".
lunes 21 de diciembre de 2009
UPYD SIGUE SUBIENDO
LIBERTAD DIGITAL
LIBERTAD DIGITAL
Las encuestas que este lunes publican ABC y El Periódico coinciden en señalar que la distancia que separa en intención de voto al PP y al PSOE se sitúa por encima de los 5 puntos, concretamente el rotativo madrileño la sitúa en 5,2 puntos dándole a los populares una intención de voto del 43,3 % mientras que los socialistas se quedarían en el 38,1%.
Por su parte, el diario barcelonés eleva todavía más esta diferencia y la lleva 5,5 puntos gracias a unos porcentajes de voto ligeramente inferiores a los de ABC: el PP lograría un 42% de los votos y el PSOE sólo un 36,5%. Además, El Periódico se arriesga a realizar una proyección en escaños a partir de los resultados obtenidos y prevé que los populares podrían lograr entre 165 y 170 escaños, mientras que los socialistas se quedarían en una horquilla entre 145 y 150 diputados.
Ambas encuestas coinciden también en señalar sendos ascensos importantes en otros partidos: IU mantendría la posición de tercera fuerza política más votada con un 4,7% de los votos, según ABC, un porcentaje que en El Periódico sube todavía una décima más hasta el 4,8% y que, en cualquier caso, supone un importante ascenso respecto al 3,9% alcanzado en las generales.
Sin embargo, la mayor subida sería la de UPyD, pues la formación obtendría como mínimo un 2,6% de los sufragios (según ABC), que es más del doble del 1,2% que logró en 2008. Además, El Periódico eleva las expectativas del partido de Rosa Díez hasta un impresionante 4,8%, empatando con IU como tercera fuerza política y con una horquilla de escaños entre 3 y 5.
Por su parte, el diario barcelonés eleva todavía más esta diferencia y la lleva 5,5 puntos gracias a unos porcentajes de voto ligeramente inferiores a los de ABC: el PP lograría un 42% de los votos y el PSOE sólo un 36,5%. Además, El Periódico se arriesga a realizar una proyección en escaños a partir de los resultados obtenidos y prevé que los populares podrían lograr entre 165 y 170 escaños, mientras que los socialistas se quedarían en una horquilla entre 145 y 150 diputados.
Ambas encuestas coinciden también en señalar sendos ascensos importantes en otros partidos: IU mantendría la posición de tercera fuerza política más votada con un 4,7% de los votos, según ABC, un porcentaje que en El Periódico sube todavía una décima más hasta el 4,8% y que, en cualquier caso, supone un importante ascenso respecto al 3,9% alcanzado en las generales.
Sin embargo, la mayor subida sería la de UPyD, pues la formación obtendría como mínimo un 2,6% de los sufragios (según ABC), que es más del doble del 1,2% que logró en 2008. Además, El Periódico eleva las expectativas del partido de Rosa Díez hasta un impresionante 4,8%, empatando con IU como tercera fuerza política y con una horquilla de escaños entre 3 y 5.
domingo 20 de diciembre de 2009
Rosa Díez propone en el Congreso dar al Estado las competencias exclusivas del agua
Publicado en aragondigital.es
Publicado en aragondigital.es
La diputada de UPyD, Rosa Díez, defendió este miércoles en el Congreso una proposición no de ley en la que pide que sea el Estado quien legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España” y adopte medidas “ante el mercadeo o compraventa” de los derechos de estos recursos.
Así lo afirmó Díez ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Cámara Baja, durante su defensa de una proposición no de ley del Grupo Mixto relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos.
Díez dijo haber presentado esta propuesta ante la existencia de un “evidente conflicto por el agua”, y porque “se constata una batalla por el agua, que tiene sus puntos más álgidos y más débiles pero que está ahí".
“Estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del Estado de las Autonomías que están provocando tensiones innecesarias y nada deseables desde diferentes Comunidades", señaló.
En su opinión, “el agua no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de comunidades autónomas y mucho menos politizarse”, por lo que propuso “que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España”, y que “sea el Gobierno de la nación el que asuma con exclusividad” dichas competencias.
El diputado aragonés del PP Ángel Pintado presentó una enmienda pidiendo la realización de un informe sobre “la situación creada tras la aprobación de estatutos que afectan a las competencias hidráulicas, y solicitó al Gobierno “que proceda a llevar a término una armonización legislativa que garantice correcta aplicación legislación en usos agua.
El portavoz del PSOE en esta Comisión, Hugo Morán, informó de que su grupo votará en contra de la proposición presentada. “Lo que se nos propone hoy aquí es una modificación de la Constitución por la puerta de atrás. Más que ir a proceso de abocación de competencias exclusivas deberíamos trabajar a mejorar la coordinación, añadió.
No obstante, aseguró mantener una postura “abierta” ante la posibilidad de que se presentara un mecanismo transaccional para modificar el texto.
Por su parte, Díez dijo “no poder aceptar” la enmienda presentada por el PP. “Es hora de hablar con claridad y no de hacer evaluaciones, sino de tomar al toro por los cuernos y actuar", concluyó.
Así lo afirmó Díez ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Cámara Baja, durante su defensa de una proposición no de ley del Grupo Mixto relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos.
Díez dijo haber presentado esta propuesta ante la existencia de un “evidente conflicto por el agua”, y porque “se constata una batalla por el agua, que tiene sus puntos más álgidos y más débiles pero que está ahí".
“Estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del Estado de las Autonomías que están provocando tensiones innecesarias y nada deseables desde diferentes Comunidades", señaló.
En su opinión, “el agua no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de comunidades autónomas y mucho menos politizarse”, por lo que propuso “que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España”, y que “sea el Gobierno de la nación el que asuma con exclusividad” dichas competencias.
El diputado aragonés del PP Ángel Pintado presentó una enmienda pidiendo la realización de un informe sobre “la situación creada tras la aprobación de estatutos que afectan a las competencias hidráulicas, y solicitó al Gobierno “que proceda a llevar a término una armonización legislativa que garantice correcta aplicación legislación en usos agua.
El portavoz del PSOE en esta Comisión, Hugo Morán, informó de que su grupo votará en contra de la proposición presentada. “Lo que se nos propone hoy aquí es una modificación de la Constitución por la puerta de atrás. Más que ir a proceso de abocación de competencias exclusivas deberíamos trabajar a mejorar la coordinación, añadió.
No obstante, aseguró mantener una postura “abierta” ante la posibilidad de que se presentara un mecanismo transaccional para modificar el texto.
Por su parte, Díez dijo “no poder aceptar” la enmienda presentada por el PP. “Es hora de hablar con claridad y no de hacer evaluaciones, sino de tomar al toro por los cuernos y actuar", concluyó.
sábado 19 de diciembre de 2009
UPyD vota en contra de la ‘ley del aborto’ porque empeora la ley actual y es un hibrido de escasa solidez jurídica
Publicado en la web de UPyD
Publicado en la web de UPyD
Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, que dio por reproducidos los argumentos de su enmienda a la totalidad, votó en contra del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo porque empeora el texto original debatido en el Congreso. “Esta nueva ley mezcla plazos y supuestos en un hibrido de escasa solidez jurídica. Es, en realidad, una ley de plazos hasta las 22 semanas. Si se hubiera propuesto un plazo para abortar sin limitaciones, fundado en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del que un feto es viable fuera de la madre, estaríamos ante una “ley de plazos” que proporcionaría más seguridad jurídica y sería más respetuosa con la autonomía de la mujer adulta enfrentada al dilema de interrumpir su embarazo por motivos íntimos”.
Además, añadió, modifica la edad penal sin ningún tipo de debate ni justificación que lo motive. Es, a su juicio, una expropiación indebida de la tutela de las menores que corresponde a los padres.
El proyecto de ley, a diferencia de la ley francesa, no reúne los controles necesarios y “proclama el derecho a abortar”. Al respecto, Díez argumentó que el aborto siempre es un drama y, a nosotros, nos corresponde regular por ley aquellas situaciones en las que el aborto no es ilegal, no proclamar el derecho a aborto. “Instituir de algún modo el “derecho al aborto”, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, no sólo ignora que la Constitución prevé la protección del nasciturus como un bien jurídico amparado por el art. 15 CE, sino que otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y de quitarlos, impropia de la democracia. Esta ley, me temo, tendrá gravísimas consecuencias”.
Además, añadió, modifica la edad penal sin ningún tipo de debate ni justificación que lo motive. Es, a su juicio, una expropiación indebida de la tutela de las menores que corresponde a los padres.
El proyecto de ley, a diferencia de la ley francesa, no reúne los controles necesarios y “proclama el derecho a abortar”. Al respecto, Díez argumentó que el aborto siempre es un drama y, a nosotros, nos corresponde regular por ley aquellas situaciones en las que el aborto no es ilegal, no proclamar el derecho a aborto. “Instituir de algún modo el “derecho al aborto”, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, no sólo ignora que la Constitución prevé la protección del nasciturus como un bien jurídico amparado por el art. 15 CE, sino que otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y de quitarlos, impropia de la democracia. Esta ley, me temo, tendrá gravísimas consecuencias”.
miércoles 9 de diciembre de 2009
UPyD sigue su ascenso y ya roza el 6% en estimación de voto
Extraído de noticia editada en el diario "Público"
El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ha visto cómo los cinco puntos porcentuales de ventaja que el Partido Popular había conseguido acumular a mediados de octubre se han quedado en 1,6 en diciembre hasta el punto de que, si hoy se celebrasen elecciones, el resultado sería prácticamente un empate técnico entre las dos grandes formaciones políticas españolas. La situación ha retrocedido al mes de junio, cuando el PP tenía un voto estimado del 41,8% y el PSOE del 40,3%.
El recorte, en esta ocasión, es consecuencia de una tibia tendencia al alza de los socialistas y, sobre todo, de la baja continuada de los conservadores. De hecho, el 39,6% del PP representa su estimación menos favorable desde el pasado mes de enero.
El Publiscopio de diciembre muestra que, además del PSOE, mejoran sus expectativas de voto Unión Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida. Ambas formaciones consiguen, de hecho, sus mejores resultados de los últimos nueve meses. El partido de Rosa Díez, que acaba de celebrar su congreso ordinario, no sólo se consolida como la tercera fuerza política española sino que además incrementa ligeramente la distancia con el cuarto de la lista (IU) hasta 0,7 puntos porcentuales, la mayor desde la creación de UPyD. En cualquier caso, Cayo Lara parece caminar en la dirección adecuada, ya que IU ha pasado del 3,9% de estimación de voto en junio al 5,0 actual.
Valoración de líderes
El recorte, en esta ocasión, es consecuencia de una tibia tendencia al alza de los socialistas y, sobre todo, de la baja continuada de los conservadores. De hecho, el 39,6% del PP representa su estimación menos favorable desde el pasado mes de enero.
El Publiscopio de diciembre muestra que, además del PSOE, mejoran sus expectativas de voto Unión Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida. Ambas formaciones consiguen, de hecho, sus mejores resultados de los últimos nueve meses. El partido de Rosa Díez, que acaba de celebrar su congreso ordinario, no sólo se consolida como la tercera fuerza política española sino que además incrementa ligeramente la distancia con el cuarto de la lista (IU) hasta 0,7 puntos porcentuales, la mayor desde la creación de UPyD. En cualquier caso, Cayo Lara parece caminar en la dirección adecuada, ya que IU ha pasado del 3,9% de estimación de voto en junio al 5,0 actual.
Valoración de líderes
Al frente de la valoración de líderes sigue estando la jefe de filas de UPyD, Rosa Díez, que además se convierte en la única que consigue el aprobado (5 sobre 10).
José Luis Rodríguez Zapatero toma algo de aire y empata con Mariano Rajoy en el segundo puesto del ranking (4,1 puntos cada uno). La opinión de los encuestados catalanes es decisiva en este punto, porque es la única comunidad en la que el líder del PSOE gana al del PP. En el resto de España, Rajoy sigue obteniendo una puntuación superior a la del presidente del Gobierno.
Artur Mas, líder del CiU, pierde una décima y pasa a la cuarta posición, justo por delante de Cayo Lara, el responsable de Izquierda Unida, que continúa en el quinto lugar (3,9 puntos). Cierran la lista Iñigo Urkullu, el máximo dirigente del PNV (3,4), y Joan Puigcercós, que pierde tres décimas y suma apenas 3,1 puntos.
Las respuestas recogidas por Obradoiro de Socioloxía para este Publiscopio muestran que los catalanes son los que más valoran a Zapatero (4,4) y los madrileños los que menos (3,7). En el caso de Rajoy son los ciudadanos de comunidades gobernadas por el PP (especialmente los del País Valenciano) los que más favorables se muestran al líder del PP (4,5), que obtiene en Catalunya su puntuación más baja (3,2). Cayo Lara consigue su mejor nota en la Comunidad Valenciana (5,0 puntos) y Rosa Díez en Madrid (5,4).
Muestra: 3.201 entrevistas.
Diseño muestral: Muestra estratificada por Comunidades Autónomas y tamaño de municipio. Submuestras semanales. Muestreo bietápico de hogares e individuos, Selección aleatoria con cuotas de sexo, edad y actividad.
Fechas del trabajo de campo: 9 de noviembre al 2 de diciembre.
José Luis Rodríguez Zapatero toma algo de aire y empata con Mariano Rajoy en el segundo puesto del ranking (4,1 puntos cada uno). La opinión de los encuestados catalanes es decisiva en este punto, porque es la única comunidad en la que el líder del PSOE gana al del PP. En el resto de España, Rajoy sigue obteniendo una puntuación superior a la del presidente del Gobierno.
Artur Mas, líder del CiU, pierde una décima y pasa a la cuarta posición, justo por delante de Cayo Lara, el responsable de Izquierda Unida, que continúa en el quinto lugar (3,9 puntos). Cierran la lista Iñigo Urkullu, el máximo dirigente del PNV (3,4), y Joan Puigcercós, que pierde tres décimas y suma apenas 3,1 puntos.
Las respuestas recogidas por Obradoiro de Socioloxía para este Publiscopio muestran que los catalanes son los que más valoran a Zapatero (4,4) y los madrileños los que menos (3,7). En el caso de Rajoy son los ciudadanos de comunidades gobernadas por el PP (especialmente los del País Valenciano) los que más favorables se muestran al líder del PP (4,5), que obtiene en Catalunya su puntuación más baja (3,2). Cayo Lara consigue su mejor nota en la Comunidad Valenciana (5,0 puntos) y Rosa Díez en Madrid (5,4).
Muestra: 3.201 entrevistas.
Diseño muestral: Muestra estratificada por Comunidades Autónomas y tamaño de municipio. Submuestras semanales. Muestreo bietápico de hogares e individuos, Selección aleatoria con cuotas de sexo, edad y actividad.
Fechas del trabajo de campo: 9 de noviembre al 2 de diciembre.
Conmigo que no cuenten
Rosa Díez. El Mundo
Rosa Díez. El Mundo
Me enteré de la detención de Aminatu Haidar el 14 de noviembre, en una cafetería de Madrid cercana al lugar en el que se iba a iniciar la marcha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Entré a esperar a mis compañeros de UPyD y se me acercaron un par de amigos saharauis para advertirme de lo que había ocurrido. Así empezó aquella marcha: con Haidar retenida en El Aaiún y sin que tuviéramos idea de cómo iba a evolucionar la situación.
Poco podíamos imaginar entonces que España se iba a convertir en cómplice de los planes de Marruecos para expulsar a Aminatu de su territorio. Poco podíamos imaginar que Moratinos iba a ser protagonista de la rueda de prensa más vergonzosa de su historia, aquella en la que riñe desaforadamente a Aminatu por no aceptar la salida que le ofrece el Gobierno de España e insistir en defender pacíficamente los derechos del pueblo saharaui y el suyo a ser tratada como una ciudadana libre en un país libre y democrático.
La historia de Aminatu es la historia de un fracaso anunciado, el del Gobierno de España, siempre preocupado porque le quieran los que tienen capacidad para el chantaje. El precio que ha pagado España por mantener buenas relaciones con Marruecos ha sido para Zapatero, desde que llegó a la Secretaría General del PSOE, abandonar a su suerte al pueblo saharaui. Los sucesivos gobiernos españoles siempre fueron punta de lanza en Naciones Unidas a la hora de defender las resoluciones que declaraban que el Sáhara es un territorio al que le es de aplicación el derecho de autodeterminación, tal y como está recogido en Naciones Unidas. Sólo Timor Oriental ha conseguido que se le reconozca y aplique ese derecho. Y, para ello, fue preciso que Portugal abanderase sin denuedo esa causa. Lo que hizo España con el Sáhara hasta que llegó Zapatero.
Rodríguez Zapatero estuvo desde el principio mucho más a gusto con sus amigos marroquíes que con nuestros compatriotas saharauis. Por eso, éstos se quedaron sin nadie que defendiera sus derechos en los foros internacionales. Por ello, se pasó de exigir la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas, y de elaborar un censo para votar en el referéndum de autodeterminación, a intentar convencer a Marruecos de que consintiera una autonomía tutelada para el Sáhara.
Las consecuencias son conocidas: Marruecos se ha ido ensoberbeciendo y su comportamiento con los saharauis es cada vez más tirano y menos respetuoso con los Derechos Humanos. Y nadie denuncia sus excesos. España mira a otra parte y los demás países están ocupados en otros problemas.
Así hemos llegado al 13 de noviembre de 2009 en que Marruecos decide expulsar a Aminatu Haidar de su territorio y nuestro Gobierno acepta secuestrarla y traerla a la fuerza, sin documentación, con autorización política, a territorio español. Y aquí estamos, sin que al Gobierno se le ocurra otra cosa que buscar el apoyo de los grupos parlamentarios para presionar a Aminatu. Porque eso es lo que se pretende con esa Proposición No de Ley que nos ha enviado el PSOE: pasar la carga de la prueba a la activista saharaui. Advierto desde ahora mismo: conmigo, que no cuenten.
Nada más bochornoso que un gobierno democrático pretendiendo el apoyo parlamentario para presionar a una mujer que ha decidido arriesgar su vida en defensa de la dignidad y la libertad de sus conciudadanos. Nada más bochornoso que un ministro que busca una coartada para desviar la atención hacia la víctima, intentando que olvidemos quién es el victimario y quién el cómplice.
Unión Progreso y Democracia presentó en noviembre, antes de este incidente, una iniciativa pidiendo al Gobierno que defienda en Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y que exija a Marruecos el cumplimiento de los tratados internacionales. Eso es lo que defenderemos en el Congreso de los Diputados. Eso y que España aproveche la Presidencia Europea para suspender temporalmente el Estatuto Avanzado de que disfruta Marruecos con la UE. ¿O acaso tiene sentido que la UE dé ese trato privilegiado a un país que no respeta los Derechos Humanos?.
En el caso de Aminatu se está vulnerando directamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. ¿No es suficiente para que España suspenda la Cumbre bilateral UE-Marruecos, prevista para el 7 y 8 de marzo en Granada? Ya es hora de que exijamos a nuestro Gobierno que se comporte como el de un país democrático que defiende los Derechos Humanos; de que le digamos que el enemigo no es Aminatu, sino quien ha violado sus derechos. Ella es nuestra compatriota y está batallando en nuestro nombre contra el totalitarismo y en defensa de la libertad. Aminatu se suma a la lucha de otras tantas mujeres que, a lo largo de nuestra joven historia democrática, nos enseñaron a no ceder en la defensa de la causa justa. Ella nos recuerda cada día que los resistentes tienen la última palabra. Acompañémosla en esa resistencia.
Poco podíamos imaginar entonces que España se iba a convertir en cómplice de los planes de Marruecos para expulsar a Aminatu de su territorio. Poco podíamos imaginar que Moratinos iba a ser protagonista de la rueda de prensa más vergonzosa de su historia, aquella en la que riñe desaforadamente a Aminatu por no aceptar la salida que le ofrece el Gobierno de España e insistir en defender pacíficamente los derechos del pueblo saharaui y el suyo a ser tratada como una ciudadana libre en un país libre y democrático.
La historia de Aminatu es la historia de un fracaso anunciado, el del Gobierno de España, siempre preocupado porque le quieran los que tienen capacidad para el chantaje. El precio que ha pagado España por mantener buenas relaciones con Marruecos ha sido para Zapatero, desde que llegó a la Secretaría General del PSOE, abandonar a su suerte al pueblo saharaui. Los sucesivos gobiernos españoles siempre fueron punta de lanza en Naciones Unidas a la hora de defender las resoluciones que declaraban que el Sáhara es un territorio al que le es de aplicación el derecho de autodeterminación, tal y como está recogido en Naciones Unidas. Sólo Timor Oriental ha conseguido que se le reconozca y aplique ese derecho. Y, para ello, fue preciso que Portugal abanderase sin denuedo esa causa. Lo que hizo España con el Sáhara hasta que llegó Zapatero.
Rodríguez Zapatero estuvo desde el principio mucho más a gusto con sus amigos marroquíes que con nuestros compatriotas saharauis. Por eso, éstos se quedaron sin nadie que defendiera sus derechos en los foros internacionales. Por ello, se pasó de exigir la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas, y de elaborar un censo para votar en el referéndum de autodeterminación, a intentar convencer a Marruecos de que consintiera una autonomía tutelada para el Sáhara.
Las consecuencias son conocidas: Marruecos se ha ido ensoberbeciendo y su comportamiento con los saharauis es cada vez más tirano y menos respetuoso con los Derechos Humanos. Y nadie denuncia sus excesos. España mira a otra parte y los demás países están ocupados en otros problemas.
Así hemos llegado al 13 de noviembre de 2009 en que Marruecos decide expulsar a Aminatu Haidar de su territorio y nuestro Gobierno acepta secuestrarla y traerla a la fuerza, sin documentación, con autorización política, a territorio español. Y aquí estamos, sin que al Gobierno se le ocurra otra cosa que buscar el apoyo de los grupos parlamentarios para presionar a Aminatu. Porque eso es lo que se pretende con esa Proposición No de Ley que nos ha enviado el PSOE: pasar la carga de la prueba a la activista saharaui. Advierto desde ahora mismo: conmigo, que no cuenten.
Nada más bochornoso que un gobierno democrático pretendiendo el apoyo parlamentario para presionar a una mujer que ha decidido arriesgar su vida en defensa de la dignidad y la libertad de sus conciudadanos. Nada más bochornoso que un ministro que busca una coartada para desviar la atención hacia la víctima, intentando que olvidemos quién es el victimario y quién el cómplice.
Unión Progreso y Democracia presentó en noviembre, antes de este incidente, una iniciativa pidiendo al Gobierno que defienda en Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y que exija a Marruecos el cumplimiento de los tratados internacionales. Eso es lo que defenderemos en el Congreso de los Diputados. Eso y que España aproveche la Presidencia Europea para suspender temporalmente el Estatuto Avanzado de que disfruta Marruecos con la UE. ¿O acaso tiene sentido que la UE dé ese trato privilegiado a un país que no respeta los Derechos Humanos?.
En el caso de Aminatu se está vulnerando directamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. ¿No es suficiente para que España suspenda la Cumbre bilateral UE-Marruecos, prevista para el 7 y 8 de marzo en Granada? Ya es hora de que exijamos a nuestro Gobierno que se comporte como el de un país democrático que defiende los Derechos Humanos; de que le digamos que el enemigo no es Aminatu, sino quien ha violado sus derechos. Ella es nuestra compatriota y está batallando en nuestro nombre contra el totalitarismo y en defensa de la libertad. Aminatu se suma a la lucha de otras tantas mujeres que, a lo largo de nuestra joven historia democrática, nos enseñaron a no ceder en la defensa de la causa justa. Ella nos recuerda cada día que los resistentes tienen la última palabra. Acompañémosla en esa resistencia.
Identidades perversas
Pedro G.Cuartango. El Mundo
Pedro G.Cuartango. El Mundo
Una de las grandes conquistas intelectuales de la civilización europea es la separación del ámbito religioso de la actividad política. Esa autonomía de las dos esferas implica que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones al margen de cuáles sean sus creencias religiosas. Dicho con otras palabras, la fe forma parte de la vida privada de los ciudadanos, aunque luego tenga consecuencias en las actitudes personales y en el voto.
Como señalaba Arcadi Espada la semana pasada en estas páginas, la religión musulmana no sólo no respeta la autonomía de la política, sino que, además, pretende imponerse incluso a los no creyentes. De ahí que sus símbolos políticos sean también religiosos, lo que no sucede en Occidente.
El gran invento de nuestra cultura es la noción de conciencia, por la cual cada individuo puede decidir lo que está bien y lo que está mal. La Iglesia católica reconoce la libertad de conciencia, aunque establece unas limitaciones para los creyentes.
La laicidad que impera en los Estados democráticos se basa en esta piedra angular que es la libertad de conciencia, por la cual ningún individuo puede imponer a otro sus convicciones.
En el mundo en el que vivimos, no sólo el Islam no acepta la libertad de conciencia, sino que, además, persisten multiples ideologías totalitarias de diverso signo, que anteponen una Weltanschaung -una visión del mundo- a la autonomía personal para decidir.
Una variante del totalitarismo y del integrismo religioso es el nacionalismo, que se caracteriza por la imposición de una identidad a los individuos. Esa identidad -sea étnica, histórica, lingüística o religiosa- es esencialmente excluyente, sirve para generar divisiones y para enfrentar unos individuos a otros.
Ya hemos visto las trágicas consecuencias del nacionalismo en las guerras de los Balcanes en los años 90. Yo mismo estuve en Bosnia, donde pude constatar el tremendo daño del fanatismo de serbios, croatas y musulmanes.
«Empecé a odiar a mis vecinos cuando Milosevic nos arengaba sobre la pureza de la raza serbia e instigaba la venganza contra los musulmanes y los croatas. Los políticos tuvieron la culpa», me comentó un anciano en un pueblo semidestruido, cerca de Mostar.
Al igual que el Islam, el nacionalismo tiene un componente místico y religioso por el que se intenta persuadir a un grupo de individuos de que hay unos vínculos que los hacen distintos a los demás. Quien no asume esa pauta, queda excluido de la comunidad nacional.
No faltará quien alegue que existen muchas personas que son nacionalistas y respetan las reglas de juego democrático. Es cierto, pero la esencia filosófica del nacionalismo es básicamente perversa, porque parte de la primacía de los valores colectivos sobre la elección individual. Eso se llama totalitarismo.
Como señalaba Arcadi Espada la semana pasada en estas páginas, la religión musulmana no sólo no respeta la autonomía de la política, sino que, además, pretende imponerse incluso a los no creyentes. De ahí que sus símbolos políticos sean también religiosos, lo que no sucede en Occidente.
El gran invento de nuestra cultura es la noción de conciencia, por la cual cada individuo puede decidir lo que está bien y lo que está mal. La Iglesia católica reconoce la libertad de conciencia, aunque establece unas limitaciones para los creyentes.
La laicidad que impera en los Estados democráticos se basa en esta piedra angular que es la libertad de conciencia, por la cual ningún individuo puede imponer a otro sus convicciones.
En el mundo en el que vivimos, no sólo el Islam no acepta la libertad de conciencia, sino que, además, persisten multiples ideologías totalitarias de diverso signo, que anteponen una Weltanschaung -una visión del mundo- a la autonomía personal para decidir.
Una variante del totalitarismo y del integrismo religioso es el nacionalismo, que se caracteriza por la imposición de una identidad a los individuos. Esa identidad -sea étnica, histórica, lingüística o religiosa- es esencialmente excluyente, sirve para generar divisiones y para enfrentar unos individuos a otros.
Ya hemos visto las trágicas consecuencias del nacionalismo en las guerras de los Balcanes en los años 90. Yo mismo estuve en Bosnia, donde pude constatar el tremendo daño del fanatismo de serbios, croatas y musulmanes.
«Empecé a odiar a mis vecinos cuando Milosevic nos arengaba sobre la pureza de la raza serbia e instigaba la venganza contra los musulmanes y los croatas. Los políticos tuvieron la culpa», me comentó un anciano en un pueblo semidestruido, cerca de Mostar.
Al igual que el Islam, el nacionalismo tiene un componente místico y religioso por el que se intenta persuadir a un grupo de individuos de que hay unos vínculos que los hacen distintos a los demás. Quien no asume esa pauta, queda excluido de la comunidad nacional.
No faltará quien alegue que existen muchas personas que son nacionalistas y respetan las reglas de juego democrático. Es cierto, pero la esencia filosófica del nacionalismo es básicamente perversa, porque parte de la primacía de los valores colectivos sobre la elección individual. Eso se llama totalitarismo.
9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción
Pilar López Marco
Pilar López Marco
La corrupción es una plaga de consecuencias corrosivas para la sociedad. No sólo socava la democracia, sino que distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida. Así se recoge en el prefacio de la Convención de la ONU contra la corrupción que entró en vigor en diciembre de 2005. En dicho instrumento, la Asamblea General, a fin de aumentar la sensibilización respecto de esta lacra, decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción.
La Convención fue ratificada por España el 9 de junio de 2006, por lo que forma parte del ordenamiento interno de nuestro país. Ello implica que las normas relativas a los derechos fundamentales han de interpretarse conforme a las previsiones de dicho texto internacional, entre ellos el derecho a la intimidad, bajo el que muchas veces se amparan los gobiernos autonómicos, ya sean del PSOE o del PP, para no facilitar determinadas informaciones, como los listados de personal de empresas o entidades con participación público que escapan del control presupuestario y proliferan en España como auténticas «agencias de colocación» para los amigos del poder político de turno.
Entre otras medidas preventivas, la Convención recomienda a los Estados Parte que establezcan sistemas contratación y promoción de empleados públicos basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Todo lo contrario de lo que sucede en nuestro país. Según el último boletín estadístico del Personal al Servicio de las administraciones públicas, el 86% de los empleados públicos tienen carácter laboral o eventual, incluidos cargos de confianza. De hecho, el uso y hasta abuso del sistema de libre designación facilita las prácticas corruptas. Así por ejemplo, el puesto de trabajo de muchos de los funcionarios encargados de controlar la adecuación a la legalidad de la actuación administrativa y la proporcionalidad de los gastos en que incurren los cargos públicos, (incluidos viajes, comidas y obsequios), depende de estos últimos. A las dificultades del control interno se suma el retraso endémico en la elaboración de los informes de los Tribunales de Cuentas, encargados de la fiscalización externa, y sus escasas consecuencias prácticas.
La Convención contempla asimismo medidas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Son los denominados «canales éticos», un sistema anónimo y confidencial a través del cual los funcionarios y ciudadanos pueden denunciar irregularidades y que funciona desde hace años en países como Suecia, Holanda o Canadá. La transparencia en las cuentas públicas y el establecimiento de suficientes controles contables internos, con procedimientos apropiados de auditoría y certificación también en la empresa privada, merecen también un lugar destacable entre los instrumentos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción,
Dentro del capítulo de «participación ciudadana» en la lucha contra la corrupción, la Convención recomienda garantizar el derecho a acceder libre y gratuitamente a los expedientes y documentos oficiales sin necesidad de acreditar un interés legítimo, como se exige ahora en España. El nuestro es precisamente uno de los pocos países de la UE, junto con Luxemburgo, Malta, Chipre y Grecia, que no cuenta aún con una Ley de Acceso a la Información. Esta es una de las promesas incumplidas del PSOE que en su programa electoral para las elecciones generales de 2004, antes de llegar al poder, afirmaba:
"Desde un gobierno socialista impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. La autoridad requerida deberá motivar, en su caso, su negativa a dar información o documentación. La garantía del derecho a la libre información la ejercerá una Autoridad independiente elegida por el Congreso de los Diputados, por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la entrega inmediata de la información o dato solicitado."
En lugar de promover sin el necesario consenso iniciativas legislativas que no estaban en su programa y dividen a los españoles, el Gobierno debería explicar por qué ha «olvidado» tramitar este tipo de iniciativas que a buen seguro desempeñarían un papel disuasorio frente a la corrupción. Como afirma el presidente de la Asociación Pro Transparencia de las Cuentas Públicas, «no se trata tanto de conocer en qué se gasta el dinero, sino de que los responsables públicos sepan que los ciudadanos podemos llegar a averiguarlo con facilidad, y les inquiete, o cuando menos, les dé vergüenza».
La Convención fue ratificada por España el 9 de junio de 2006, por lo que forma parte del ordenamiento interno de nuestro país. Ello implica que las normas relativas a los derechos fundamentales han de interpretarse conforme a las previsiones de dicho texto internacional, entre ellos el derecho a la intimidad, bajo el que muchas veces se amparan los gobiernos autonómicos, ya sean del PSOE o del PP, para no facilitar determinadas informaciones, como los listados de personal de empresas o entidades con participación público que escapan del control presupuestario y proliferan en España como auténticas «agencias de colocación» para los amigos del poder político de turno.
Entre otras medidas preventivas, la Convención recomienda a los Estados Parte que establezcan sistemas contratación y promoción de empleados públicos basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Todo lo contrario de lo que sucede en nuestro país. Según el último boletín estadístico del Personal al Servicio de las administraciones públicas, el 86% de los empleados públicos tienen carácter laboral o eventual, incluidos cargos de confianza. De hecho, el uso y hasta abuso del sistema de libre designación facilita las prácticas corruptas. Así por ejemplo, el puesto de trabajo de muchos de los funcionarios encargados de controlar la adecuación a la legalidad de la actuación administrativa y la proporcionalidad de los gastos en que incurren los cargos públicos, (incluidos viajes, comidas y obsequios), depende de estos últimos. A las dificultades del control interno se suma el retraso endémico en la elaboración de los informes de los Tribunales de Cuentas, encargados de la fiscalización externa, y sus escasas consecuencias prácticas.
La Convención contempla asimismo medidas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Son los denominados «canales éticos», un sistema anónimo y confidencial a través del cual los funcionarios y ciudadanos pueden denunciar irregularidades y que funciona desde hace años en países como Suecia, Holanda o Canadá. La transparencia en las cuentas públicas y el establecimiento de suficientes controles contables internos, con procedimientos apropiados de auditoría y certificación también en la empresa privada, merecen también un lugar destacable entre los instrumentos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción,
Dentro del capítulo de «participación ciudadana» en la lucha contra la corrupción, la Convención recomienda garantizar el derecho a acceder libre y gratuitamente a los expedientes y documentos oficiales sin necesidad de acreditar un interés legítimo, como se exige ahora en España. El nuestro es precisamente uno de los pocos países de la UE, junto con Luxemburgo, Malta, Chipre y Grecia, que no cuenta aún con una Ley de Acceso a la Información. Esta es una de las promesas incumplidas del PSOE que en su programa electoral para las elecciones generales de 2004, antes de llegar al poder, afirmaba:
"Desde un gobierno socialista impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. La autoridad requerida deberá motivar, en su caso, su negativa a dar información o documentación. La garantía del derecho a la libre información la ejercerá una Autoridad independiente elegida por el Congreso de los Diputados, por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la entrega inmediata de la información o dato solicitado."
En lugar de promover sin el necesario consenso iniciativas legislativas que no estaban en su programa y dividen a los españoles, el Gobierno debería explicar por qué ha «olvidado» tramitar este tipo de iniciativas que a buen seguro desempeñarían un papel disuasorio frente a la corrupción. Como afirma el presidente de la Asociación Pro Transparencia de las Cuentas Públicas, «no se trata tanto de conocer en qué se gasta el dinero, sino de que los responsables públicos sepan que los ciudadanos podemos llegar a averiguarlo con facilidad, y les inquiete, o cuando menos, les dé vergüenza».
viernes 4 de diciembre de 2009
EL ALCALDE DE MÓSTOLES SE SOLIDARIZA CON UPyD Y CONDENA LOS ACTOS VANDÁLICOS CONTRA SU SEDE
Comité Local de UPyD en Móstoles
El Alcalde de Móstoles ha enviado una carta al Coordinador del Comité Electoral Local de Móstoles, para solidarizarse y mostrar su repulsa a los actos vandálicos que en los últimos días se han producido contra la sede de UPyD de la localidad madrileña.
El Alcalde de Móstoles ha enviado una carta al Coordinador del Comité Electoral Local de Móstoles, para solidarizarse y mostrar su repulsa a los actos vandálicos que en los últimos días se han producido contra la sede de UPyD de la localidad madrileña.
El Coordinador Electoral Local de Móstoles, Sinforoso Alcalá, ha manifestado su agradecimiento al Alcalde por este gesto, así como también confía en que actuará en la forma que indica en la carta, y que es dando conocimiento de los hechos a la Policía Local para que ésta, a su vez, se coordine con la Policía Nacional y que definitivamente se conozca quienes son culpables de los mismos.
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